Nota de prensa conjunta de las organizaciones ASAJA, COAG, UPA, ASEPRHU, AVIANZA, FEDEROVO, ANPROGAPOR y COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE ESPA\u00d1A<\/p>\n
El sector pide al Consejo de ministros de Medio Ambiente de la pr\u00f3xima semana que modifique la propuesta aprobada por el Parlamento Europeo la pasada semana. El nuevo texto de las normas de la UE sobre las emisiones generadas por las instalaciones industriales afectar\u00e1 negativamente a m\u00e1s granjas porcinas y av\u00edcolas de peque\u00f1o y mediano tama\u00f1o, es decir, al modelo de producci\u00f3n familiar.<\/p>\n
En la actualidad la normativa de emisiones afecta unas 6.500 de las 82.000 granjas de porcino existentes en Espa\u00f1a. Se trata de granjas con m\u00e1s de 750 reproductoras o 2.000 plazas de cebo (a partir de 30 kg). Sin embargo, la reducci\u00f3n de l\u00edmites de tama\u00f1o de granjas de porcino propuesto por la UE para incluirlas en el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la Directiva de Emisiones va a afectar a las granjas de m\u00e1s de 150 reproductoras o m\u00e1s de 1.160 plazas de cebo (a partir de 30 kg), en el caso de porcino. Mientras que, para las granjas productoras de huevos, el nuevo l\u00edmite se establece en 21.400 gallinas ponedoras, frente a las 40.000 de las normas actuales, lo que afectar\u00e1 313 operadores que representan el 98% del censo de gallinas ponedoras.<\/p>\n
El sector porcino y el av\u00edcola son los dos \u00fanicos sectores ganaderos obligados a aplicar las medidas de reducci\u00f3n de emisiones derivadas de la Directiva Europea. Entre 1990 y 2021 el sector porcino ha reducido un 42,9% de GEI, seg\u00fan datos del informe de emisiones del Ministerio de Transici\u00f3n Ecol\u00f3gica. Este esfuerzo para lograr la reducci\u00f3n de emisiones ha tenido una insignificante repercusi\u00f3n en Espa\u00f1a, dado que las emisiones de porcino en el conjunto de GEI del pa\u00eds suponen poco m\u00e1s del 2% en el porcino y menos del 0,5% en la avicultura.<\/p>\n
Esta presi\u00f3n normativa tendr\u00e1 un gran impacto sobre la viabilidad y rentabilidad de las granjas de peque\u00f1o y mediano tama\u00f1o, que deber\u00e1n necesitar una autorizaci\u00f3n ambiental integrada, con unos costes administrativos anuales de 3.000 \u20ac. Adem\u00e1s, la aplicaci\u00f3n de reformas estructurales en las granjas para aplicar las MTD obligatorias (Mejores T\u00e9cnicas Disponibles) supondr\u00e1n unas modificaciones que har\u00e1n inviable su amortizaci\u00f3n y provocar\u00e1n el cierre inminente de muchas granjas.<\/p>\n
La UE plantea tambi\u00e9n en su nuevo texto que cualquier ampliaci\u00f3n o cambio sustancial en las granjas se someta a consulta p\u00fablica. Para el sector es una oportunidad para que grupos contrarios a la ganader\u00eda impidan esas autorizaciones calific\u00e1ndolas como \u201cmacrogranjas\u201d, cuando en la mayor parte de los casos se trata de granjas familiares. Eso supondr\u00eda que se podr\u00edan negar las autorizaciones administrativas para que se realicen las adaptaciones necesarias para adaptarse a las normas que la UE tiene previstas modificar, como las de bienestar animal, entre otras. En este sentido hay que recordar que las granjas av\u00edcolas est\u00e1n realizando un esfuerzo ingente para la transformaci\u00f3n del sistema de jaulas acondicionadas a sistemas alternativos. <\/p>\n
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