{"id":650,"date":"2013-12-16T00:00:00","date_gmt":"2013-12-15T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/thesmartcityjournal.cibeles.net\/sin-categorizar\/convenios-de-colaboracion-vs-contratos-administrativos\/"},"modified":"2016-09-14T08:16:22","modified_gmt":"2016-09-14T06:16:22","slug":"convenios-de-colaboracion-vs-contratos-administrativos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thesmartcityjournal.com\/es\/articulos\/convenios-de-colaboracion-vs-contratos-administrativos","title":{"rendered":"Convenios de colaboraci\u00f3n vs. contratos administrativos"},"content":{"rendered":"

El Ayuntamiento tiene que tener una visi\u00f3n clara de lo que persigue para que sus servicios jur\u00eddicos puedan tomar la decisi\u00f3n sobre el negocio jur\u00eddico que, conforme a la normativa aplicable, debe adoptarse en cada caso.<\/p>\n

Muchos Ayuntamientos recurren a los convenios de colaboraci\u00f3n para la realizaci\u00f3n de pruebas piloto de proyectos \u00absmart\u00bb con empresas del sector privado.<\/p>\n

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Lo que en ning\u00fan caso puede ocurrir es que se utilice la figura del convenio en fraude de ley, esto es, para adjudicar alguna de las prestaciones configuradas como contrato del sector p\u00fablico en la normativa que los regula.<\/p>\n

Mucho se ha escrito hasta la fecha sobre el impacto que las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n (TIC) est\u00e1n teniendo y tendr\u00e1n en la forma en la que los municipios y otras entidades locales han venido prestando tradicionalmente los distintos servicios p\u00fablicos de su competencia. Si bien, desde mi punto de vista, no existe consenso sobre qu\u00e9 significa ser una \u00absmart city\u00bb, s\u00ed lo existe sobre la necesidad de aplicar las TIC en aras a la consecuci\u00f3n de una mayor eficiencia en el desarrollo de las actividades locales en beneficio del ciudadano.<\/p>\n

En realidad, y a la vista del protagonismo que adquieren los ciudadanos a la hora del dise\u00f1o de planes, programas y proyectos de actividades p\u00fablicas basados en las TIC en muy diversos \u00e1mbitos, hay quien ya no se refiere a estas nuevas ciudades como \u00absmart cities\u00bb, sino como \u00absenseable cities\u00bb. As\u00ed lo manifiesta el profesor del Massachusetts Institute of Technology, Carlo F. Ratti, uno de los grandes expertos en este \u00e1mbito, quien concibe la ciudad como aqu\u00e9lla que es capaz de percibir al ciudadano, intercambiar informaci\u00f3n con \u00e9l y responderle en tiempo real (\u00abthere should be a city that senses, that responds to us\u00bb (http:\/\/www.youtube.com\/watch?v=Pgqtykthox8<\/a>).<\/p>\n

\u00bfEstamos hablando de ciencia ficci\u00f3n?. Probablemente, no. Sin embargo, la generalizaci\u00f3n de las ciudades inteligentes o capaces de percibir al ciudadano, basadas en una plataforma tecnol\u00f3gica que sea capaz de integrar, de forma eficaz y eficiente, la informaci\u00f3n proveniente de m\u00faltiples sensores distribuidos por el territorio -para la realizaci\u00f3n de actuaciones p\u00fablicas o la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos de nueva generaci\u00f3n-; tratarla y reutilizarla para encontrar nuevas formas de prestar tales servicios o para identificar nuevas necesidades o \u00e1reas de inter\u00e9s p\u00fablico local e interactuar en tiempo real con el ciudadano, no constituye una realidad que vaya a producirse de forma estable y s\u00f3lidamente implementada a corto plazo.<\/p>\n

Lo cierto es que la mayor parte de los proyectos denominados \u00absmart\u00bb o con vocaci\u00f3n de convertir las ciudades en \u00abinteligentes\u00bb, por su inicial indefinici\u00f3n, incertidumbre o existencia de m\u00faltiples alternativas t\u00e9cnicas, se articulan a trav\u00e9s de pruebas piloto amparadas por convenios de colaboraci\u00f3n de corta duraci\u00f3n y, por la propia denominaci\u00f3n de este tipo de pruebas, de car\u00e1cter provisional. Los procedimientos de licitaci\u00f3n para la adjudicaci\u00f3n de contratos del sector p\u00fablico se limitan a aquellos supuestos en los que el servicio o la actuaci\u00f3n de que se trate se sigue prestando o realizando de forma tradicional, pero incorporando alg\u00fan elemento que favorezca la sostenibilidad o una cierta mejora energ\u00e9tica o el uso de las TIC para la aportaci\u00f3n de informaci\u00f3n; o para la adjudicaci\u00f3n de prestaciones muy definidas por Ayuntamientos que saben con certeza c\u00f3mo quieren que su ciudad se convierta en \u00abinteligente\u00bb y tienen una estrategia y un presupuesto ciertos para conseguir tal fin. Este ser\u00eda el caso, por ejemplo, del contrato adjudicado en abril de 2013 por el Ayuntamiento de Santander para la gesti\u00f3n indirecta del servicio p\u00fablico de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos y otros servicios complementarios, que incluye, entre los criterios de adjudicaci\u00f3n no evaluables mediante f\u00f3rmulas, los avances tecnol\u00f3gicos, obligando al adjudicatario a conectarse con la plataforma tecnol\u00f3gica que est\u00e1 desarrollando la ciudad. Una simple b\u00fasqueda en Google corrobora las conclusiones anteriores.<\/p>\n

Convenios de colaboraci\u00f3n y contratos del sector p\u00fablico regulados en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector P\u00fablico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3\/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP) son formas de colaboraci\u00f3n p\u00fablico-privada. Ambos tipos de relaciones jur\u00eddicas son suscritas por las Administraciones p\u00fablicas para acometer actuaciones o proyectos relacionados con la transformaci\u00f3n de la ciudad en \u00abSmart City\u00bb. Sin embargo, la elecci\u00f3n de una u otra f\u00f3rmula, a la vista de lo que pretenda conseguir la Administraci\u00f3n, no es discrecional. Conforme a la ley, ser\u00e1 necesario recurrir a f\u00f3rmulas contractuales en unos determinados supuestos, y al convenio de colaboraci\u00f3n, en otros.<\/p>\n

Como es bien conocido, cuando la Administraci\u00f3n necesita contratar la realizaci\u00f3n de obras, obras p\u00fablicas, la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos, suministros, o prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtenci\u00f3n de un resultado distinto de una obra o un suministro (por ejemplo, la elaboraci\u00f3n de informes jur\u00eddicos o la prestaci\u00f3n de servicios de comunicaciones electr\u00f3nicas), debe recurrir a un procedimiento de licitaci\u00f3n para la adjudicaci\u00f3n de alguno de los contratos t\u00edpicos que regula el TRLCSP, con un objeto y un r\u00e9gimen jur\u00eddico determinados. Como dec\u00eda el maestro Garc\u00eda de Enterr\u00eda, \u00abla Administraci\u00f3n act\u00faa aqu\u00ed como \u00abcliente\u00bb de los empresarios privados, esto es, en un terreno de simple colaboraci\u00f3n o intercambio patrimonial; paga dinero o transfiere posibilidades de actuaci\u00f3n frente al p\u00fablico a ella reservadas a cambio de cosas o de servicios que busca y que recibe\u00bb.<\/p>\n

As\u00ed, cuando la Administraci\u00f3n identifica una necesidad de inter\u00e9s p\u00fablico para el cumplimiento y realizaci\u00f3n de sus fines institucionales, y esa necesidad exige la realizaci\u00f3n de una obra, una obra p\u00fablica, un suministro, un servicio o la gesti\u00f3n de un servicio p\u00fablico, la Administraci\u00f3n debe celebrar un contrato. En estos casos, la naturaleza y extensi\u00f3n de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, as\u00ed como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, deben ser determinadas con precisi\u00f3n, dejando constancia de ello en la documentaci\u00f3n preparatoria de la licitaci\u00f3n, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicaci\u00f3n.<\/p>\n

Adem\u00e1s, se exige, entre otros muchos aspectos, que el expediente de contrataci\u00f3n incorpore el documento que acredite la existencia de cr\u00e9dito y la fiscalizaci\u00f3n previa de la intervenci\u00f3n, as\u00ed como los pliegos de cl\u00e1usulas administrativas (que han de regir el contrato desde la perspectiva jur\u00eddica), y de prescripciones t\u00e9cnicas (que han de regir la realizaci\u00f3n de las prestaciones y el nivel de calidad exigido por la Administraci\u00f3n). Si la Administraci\u00f3n pretende recibir, a cambio de la remuneraci\u00f3n correspondiente al contratista, alguna de las prestaciones antes apuntadas, debe recurrir al mecanismo de la contrataci\u00f3n del sector p\u00fablico, quedando vinculada por su r\u00e9gimen jur\u00eddico, por ejemplo, en lo relativo al cumplimiento de los principios de transparencia, igualdad\u00a0 y no discriminaci\u00f3n, publicidad y concurrencia en los procedimientos de licitaci\u00f3n, contenido m\u00ednimo del contrato, obligaciones de las partes, duraci\u00f3n de los contratos, remuneraci\u00f3n, r\u00e9gimen de pagos, extinci\u00f3n de los contratos, etc.<\/p>\n

En cambio, el propio TRLCSP excluye de su \u00e1mbito objetivo de aplicaci\u00f3n determinados negocios y relaciones jur\u00eddicas. Entre ellos, los\u00a0 convenios que, con arreglo a las normas espec\u00edficas que los regulan, celebre la Administraci\u00f3n con personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas sujetas al derecho privado, siempre que su objeto no est\u00e9 comprendido en el de los contratos regulados en el TRLCSP o en normas administrativas especiales. A este tipo de convenio de colaboraci\u00f3n recurren muchos Ayuntamientos para la realizaci\u00f3n de pruebas piloto de proyectos \u00absmart\u00bb con empresas del sector privado. Es posible que en un momento inicial un Ayuntamiento no tenga clara todav\u00eda su estrategia para convertir su ciudad en inteligente y quiera conocer las distintas alternativas a su alcance; o le falte informaci\u00f3n; o, simplemente, quiera ofrecer al sector privado un entorno en el que poder desarrollar proyectos de base tecnol\u00f3gica en beneficio de la ciudad. El Ayuntamiento no quiere contratar la prestaci\u00f3n de un servicio, obra o suministro, a cambio de una remuneraci\u00f3n, ni tampoco quiere adjudicar la gesti\u00f3n de un servicio p\u00fablico. Quiere fomentar el uso de las TIC en la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos o en la realizaci\u00f3n de actuaciones propias de su competencia; y, para ello, en un estadio inicial de su proceso de conversi\u00f3n de la ciudad en \u00abinteligente\u00bb, recurre a la figura del convenio de colaboraci\u00f3n con el sector privado.<\/p>\n

No existe en nuestro ordenamiento jur\u00eddico una regulaci\u00f3n general de los convenios de colaboraci\u00f3n. Tanto la normativa reguladora del procedimiento administrativo como el TRLCSP los identifican y la jurisprudencia del Tribunal Supremo los reconoce como negocios jur\u00eddicos adoptados para el mejor desarrollo y cumplimiento de una finalidad de car\u00e1cter p\u00fablico. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con los contratos administrativos t\u00edpicos o los contratos privados de la Administraci\u00f3n, el r\u00e9gimen jur\u00eddico de los convenios de colaboraci\u00f3n no ha sido definido con detalle, sin perjuicio de que los principios del TRLCSP sean aplicables en caso de dudas o lagunas. De ello se infiere que cada convenio de colaboraci\u00f3n incluir\u00e1 las cl\u00e1usulas que mejor se adec\u00faen a su objeto y finalidad, intentado que no pueda subsumirse en el objeto de los contratos del sector p\u00fablico.<\/p>\n

Entre otras cl\u00e1usulas, estos convenios suelen incluir, las siguientes: realizaci\u00f3n de pruebas piloto o la realizaci\u00f3n de tareas de investigaci\u00f3n y desarrollo de aplicaciones tecnol\u00f3gicas en el \u00e1mbito de los fines institucionales o competencias del Ayuntamiento; no exclusividad a favor de ninguna persona f\u00edsica o jur\u00eddica del sector privado; no atribuci\u00f3n de los resultados de la investigaci\u00f3n y desarrollo del sector privado a la Administraci\u00f3n; inexistencia de contraprestaci\u00f3n por parte de la Administraci\u00f3n a favor de la empresa privada; corta duraci\u00f3n de las pruebas piloto; y sujeci\u00f3n al Derecho administrativo, siempre que la entidad del sector p\u00fablico que lo suscriba act\u00fae sujeta al mismo. La firma de un convenio de este tipo debe obedecer a una necesidad de inter\u00e9s p\u00fablico local y debe tramitarse un expediente previo a su suscripci\u00f3n por parte del Ayuntamiento, pero sin las rigideces formales y presupuestarias de un contrato del sector p\u00fablico e, insistimos, sin intercambio econ\u00f3mico. Por ello constituye una relaci\u00f3n jur\u00eddica de m\u00e1s f\u00e1cil adopci\u00f3n por una Ayuntamiento.<\/p>\n

Lo que en ning\u00fan caso puede ocurrir es que se utilice la figura del convenio en fraude de ley, esto es, para adjudicar alguna de las prestaciones configuradas como contrato del sector p\u00fablico en la normativa que los regula. Por esta raz\u00f3n, no parece que sea la estrategia m\u00e1s recomendable por parte de un Ayuntamiento la de encomendar al sector privado la realizaci\u00f3n de proyectos encaminados a convertir una ciudad en inteligente al amparo de m\u00faltiples convenios de colaboraci\u00f3n, una vez identificada la necesidad o necesidades que el Ayuntamiento debe satisfacer en este \u00e1mbito y que deben subsumirse en alguno de los contratos t\u00edpicos definidos en el TRLCSP. En ese momento, deber\u00e1 procederse a la licitaci\u00f3n del contrato que corresponda, debiendo el Ayuntamiento pagar por recibir una determinada prestaci\u00f3n. Y a ello no se puede oponer el hecho de que una determinada empresa haya acometido, por decisi\u00f3n propia y como obligaci\u00f3n unilateralmente asumida, cuantiosas inversiones al amparo de un convenio de colaboraci\u00f3n para el desarrollo de un determinado proyecto piloto, como argumento para que la Administraci\u00f3n de que se trate le adjudique directamente el contrato y as\u00ed recuperar la inversi\u00f3n. Si de lo que se trata, por ejemplo, es de identificar plataformas tecnol\u00f3gicas para la gesti\u00f3n y posterior tratamiento de toda la informaci\u00f3n obtenida a trav\u00e9s de los sensores ubicados en el municipio y un Ayuntamiento ha suscrito tres o cuatro convenios de colaboraci\u00f3n con distintas empresas para desarrollar proyectos pilotos de plataformas tecnol\u00f3gicas para la ciudad, a la hora de contratar su implementaci\u00f3n definitiva, una vez definida la necesidad a satisfacer y los requisitos t\u00e9cnicos a tales efectos, debe recurrir a los mecanismos de contrataci\u00f3n previstos en el TRLCSP, que incluyen, entre otros, el espec\u00edfico contrato de colaboraci\u00f3n entre el sector p\u00fablico y el sector privado; la posibilidad de adjudicar los contratos t\u00edpicos, en algunos supuestos, mediante di\u00e1logo competitivo; o, incluso, la adjudicaci\u00f3n, en determinadas circunstancias, de un contrato por procedimiento negociado. Pero en ning\u00fan caso, ni por ninguna raz\u00f3n, cabr\u00e1 la adjudicaci\u00f3n directa, pues ello vulnerar\u00eda frontalmente los principios comunitarios esenciales de la contrataci\u00f3n del sector p\u00fablico, adoptados por la normativa sectorial espa\u00f1ola.<\/p>\n

En fin, la decisi\u00f3n de suscribir un convenio de colaboraci\u00f3n o licitar un contrato administrativo es relevante por los distintos reg\u00edmenes jur\u00eddicos aplicables a una u otra f\u00f3rmula. En cualquier caso, el Ayuntamiento tiene que tener una visi\u00f3n clara de lo que persigue para que sus servicios jur\u00eddicos puedan tomar la decisi\u00f3n sobre el negocio jur\u00eddico que, conforme a la normativa aplicable, debe adoptarse en cada caso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El Ayuntamiento tiene que tener una visi\u00f3n clara de lo que persigue para que sus servicios jur\u00eddicos puedan tomar la decisi\u00f3n sobre el negocio jur\u00eddico que, conforme a la normativa aplicable, debe adoptarse en cada caso. 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