En busca de un modelo universal y propio

Smart City

Aunque el ‘modelo smart’ comprende ámbitos que cuentan con desarrollos legislativos (movilidad, urbanismo, gestión de residuos, etc.), se hace difícil formular un denominador común que aglutine las experiencias que se van implementando con esa vocación, más cuando se trata de un modelo permanentemente evolutivo que va a expensas de las innovaciones que el mercado ponga a disposición de las ciudades.

En el caso de España, se ha acortado considerablemente su capacidad de decisión sobre el diseño de un modelo propio. Se debe ir hacia uno más universal de ciudad inteligente, pero su nivel competencial lo debe marcar cada una.


Este artículo nace a raíz de mi visita al Smart City Expo World Congress (SCEWC) 2014, celebrado en la Fira de Barcelona-Hospitalet. La ocasión me brindó la oportunidad de hacer una reflexión sobre la modelización de las smart city. El punto de partida fue observar cómo compartían la zona de expositores del congreso dos grupos: de una parte, empresas tecnológicas y de servicios; de otra, las ciudades inteligentes. La unión de ambos tipos de expositores ciertamente puede ser complementaria, pero vista desde otra perspectiva -que voy a intentar describir en adelante- puede también parecer paradójica, por cuanto responden claramente a objetivos y límites bien diferenciados.

Por un lado, los stands de empresas en el SCEWC son muy representativos de los avances de los últimos años en tecnología y aplicaciones al servicio de las ciudades. La muestra cada vez sobresale más en innovación y avances tecnológicos. Las aportaciones en este sentido son un número abierto difícil de cerrar, que se irá incrementando y renovando de año en año a la misma velocidad de vértigo que lleva actualmente. Probablemente, las ciudades más grandes y de mayor potencial económico implementaran rápidamente esos avances, mientras que otras, quizás las pequeñas, queden atrás en innovación y mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. Difícil será para muchas de ellas digerir tanta tecnología, si se contempla el fenómeno desde una óptica integral.

 

Las ciudades no cuentan con un estándar de lo que debería ser el conjunto de prestaciones y servicios a desarrollar como ‘smart city’

 

Partiendo de esa base, me interesa destacar que las ciudades que por su potencial económico puedan desarrollar un conjunto de servicios con la mejor tecnología añadida, no cuentan con un estándar de lo que debería ser el conjunto de prestaciones y servicios a desarrollar en el marco de lo que se conoce como smart city. Hay un uso y abuso del término y una clara utilización del mismo para maquillar servicios y políticas en las que la innovación es escasa. Cierto es, no obstante, que seguir en ese margen de indeterminación permite a muchas ciudades autodenominarse smart con un ligero baño de marketing y poca tecnología o innovación añadida en la prestación de los servicios.

 

Planes de actuación

Valdría la pena hacer un alto en el camino y mirar hacia atrás para ver lo que en los últimos años ha sido de las Agendas-21 locales como programas integrales, ya bastante estandarizados, de un modelo propio de desarrollo-a-la-carta para cada ciudad. A diferencia de lo que sucede actualmente en muchos casos con las smart cities, las ciudades sostenibles partían, como requisito básico, del autoconocimiento previo para la formulación de líneas de actuación y acciones, que completaban un programa incardinado en unos principios básicos medioambientales comunmente aceptados y compartidos. El modelo, el objetivo de cada ciudad y las líneas de actuación eran muy claros.

También entre los firmantes del Pacto de Alcaldes (‘Covenant of Mayors’) ha habido ese autoconocimiento previo y esa formulación de plan de actuación en curso de cumplimiento. Y si miramos en otros sectores específicos de la sostenibilidad y de la actuación en ámbitos espaciales concretos (por ejemplo, la contaminación acústica o atmosférica, o bien el urbanismo, por poner modelos ya muy conocidos) también encontramos el mismo iter formativo de lo que deben ser las formulaciones que aprueba la administración como desideratums a seguir en los años venideros. Básicamente siempre hay una diagnosis o auditoría de la situación previa de la que se parte, para pasar luego a una formulación de destino. Más tarde se plantea un camino a seguir más o menos largo, que es lo que se conoce habitualmente como plan de acción o gestión del plan.

Evidentemente, el esquema que enuncio puede ser más complejo y contener análisis paralelos al objeto que se pretende. Otro ejemplo significativo es el caso de las evaluaciones ambientales de planes y proyectos, que evidentemente forman un todo integral con estos instrumentos, pero que conceptualmente cuentan con modelos y formas de producción claramente diferenciados y regulados por legislación sectorial complementaria.

En la definición del plan o programa smart city hipotético encontraríamos las mismas áreas en que se estructura el SCEWC:

  • Energía
  • Tecnología e innovación
  • Ciudad colaboradora y sociedad inteligente
  • Entorno construido sostenible, movilidad
  • Gobernanza y economía
  • Resiliencia y seguridad urbanas


Diagnosis y desarrollo

Partiendo de estos ámbitos concretos, deberíamos hacer una diagnosis y ver su estado de desarrollo y las oportunidades de innovación que se pueden implementar. Así, de ese análisis pasaríamos a construir unas líneas de actuación y acciones concretas a aplicar en cada ciudad y que configurarían esa definición de modelo que tendería a estandarizarse.

En contra de la definición de ese plan o modelo smart que reclamo está el hecho de que el fenómeno es universal. No hay, pues, una modelización europea de la metodología o de contenidos y, por su propia naturaleza no normativizada, resulta difícil todavía de concretar. Aunque el modelo smart comprende ámbitos que sí cuentan con desarrollos legislativos (la movilidad, el urbanismo, la gestión de residuos, etc.), se hace difícil formular un denominador común que aglutine las experiencias que se van implementando con esa vocación, más cuando se trata de un modelo permanentemente evolutivo que va a expensas de las innovaciones que el mercado ponga a disposición de las ciudades.

 

Se abusa y se utiliza el término ‘smart city’ para maquillar servicios y políticas en las que la innovación es escasa

 

Se podrá argüir en contra de lo que intento evidenciar que, en mayor o menor medida, el modelo ya está formulado y que las líneas de avance en lo que debe de ser el camino hacia una ciudad inteligente y sostenible ya está formulado. Pero si me permiten, como observador que ya cuenta con un cierto bagaje en las formas de gestión local de los servicios públicos, una vez visto el SCEWC 2014 tengo la tentación de pensar que ni son todas las que están, ni están todas las que son. Y me refiero con ello tanto a las innovaciones implementadas como a las soluciones que muchas ciudades están implementando.

Además, y por poner un ejemplo claro de las dificultades que puede encontrar la definición de un modelo adaptable a nuestro país, la situación se complica cuando nos encontramos con la reciente inmisión en las competencias locales por parte del Estado, a través de la oportunidad que ha brindado al legislador la modificación del art. 135 de la Constitución.

 

 

Green smart city

 

 

La situación en España

La aprobación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local (LRSAL), ha modificado el ámbito competencial de las entidades locales establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de régimen Local. Bajo el lema ‘una Administración, una competencia’, se adapta la administración local a los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera a las previsiones de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que desarrolla el mencionado artículo 135 de la Constitución. Con ello, se ha acotado sustancialmente el ámbito competencial común de las ciudades españolas y se ha dejado el resto de competencias propias al ámbito estatutario de cada comunidad autónoma, ya sea por atribución de competencias vía legislación o vía delegación a las entidades locales, a las ciudades.

Esta técnica legislativa, en aras de la sostenibilidad financiera, condiciona a nivel estatal el contenido que cada ciudad se quiera asignar como propio de su modelo como smart city. Dicho de otro modo: es muy diferente tener un modelo de estado más descentralizado a nivel local, en cuanto a competencias que se le asignan como propias, que optar por un modelo más centralizado en las decisiones, ya sea a nivel estatal o autonómico.

En definitiva, creo que, sin lugar a dudas, se debe ir hacia un modelo más universal de smart city, y que el nivel competencial de las ciudades marcará ese plan o programa smart para cada una de ellas. Aunque el modelo pueda llegar a ser el mismo, quien se ocupará de llenar su contenido tendrá que reflexionar y ver previamente el modelo de descentralización de cada Estado, lo cual dificulta en buena medida la definición de un futuro modelo universal de ciudad inteligente y, a su vez, hace menos inteligente el modelo que se adopte.

Una última idea crítica: en el caso español, recientemente recentralizado por mor de la reforma legislativa mencionada, se ha acortado considerablemente la capacidad de decisión de cada ciudad sobre el diseño de un modelo propio.

Robert Álvarez Sastre

 


Robert Álvarez Sastre

Abogado especializado en urbanismo y medioambiente. Máster en Derecho del Medio Ambiente y con postgrados en urbanismo, medio ambiente y cursos en administración local en diversas universidades y escuelas. Cuenta con una amplia experiencia pública y privada en Urbanismo, tanto en gestión urbanística como en planeamiento, licencias y disciplina urbanística. También ha colaborado en la gestión de la Agenda 21 local y medioambiental a nivel local: ruido, contaminación atmosférica, evaluación impacto ambiental, movilidad, telefonía móvil, autorizaciones ambientales, residuos, etc.

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