Se habla mucho de las ciudades inteligentes en España. Es un país pionero en este campo, con una sólida organización que agrupa ayuntamientos y empresas en la dirección de usar las TIC como herramienta para ordenar y optimizar el funcionamiento de las ciudades y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Pero, en cambio, se está olvidando el ámbito rural. Si se pretende cumplir con los objetivos de Europa 2020, habrá que afrontar un importante desembolso en actualizar las redes existentes en un plazo de 4 años, que no es demasiado tiempo.
La demografía de las ciudades inteligentes está marcada por las corrientes migratorias detectadas especialmente en zonas geográficas como India, China o Indonesia. También se suma al fenómeno de las ciudades inteligentes como concepto, la existencia de mega ciudades como Los Ángeles, Ciudad de México, Río de Janeiro, Bogotá, Shanghai, Beijing, Tokio, etcétera.
Circunstancias como el elevado consumo energético de los edificios, así como la complejidad para el ordenamiento de servicios logísticos, la seguridad o la salubridad de los espacios urbanos están en el epicentro de las smart cities. Las cifras acerca de las tendencias en cuanto a número de personas que vivirán en las ciudades, la población total del planeta, el consumo energético, la provisión de alimentos y otros aspectos clave para nuestro progreso socio económico apuntan a una necesidad acuciante de optimización de procesos y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
Cuidado con la pérdida de perspectiva
El fenómeno de migración hacia las ciudades desde las zonas rurales es propio de áreas como Asia o África, donde aún existe una base de población rural superior a la de otros continentes. En 2050 habrá dos terceras partes de la población mundial viviendo en ciudades, lo cual supone hablar de unos 6.200 millones de personas. Se pasará de 28 mega ciudades con más de 10 millones de habitantes en 2014 a 41 mega ciudades en 2030.
El 60-80% de la energía mundial se consume en las ciudades, al tiempo que el crecimiento económico en el mundo desarrollado se derivará de la actividad en las ciudades en cuantías de hasta el 80%. En España el 79,6% de la población vive en zonas urbanas, y se espera que en 2025 sea el 81,7%. En cualquier caso, aceptar como válida la tesis de que el futuro pasa necesariamente por las ciudades es una decisión arriesgada, que en la práctica ya se está tomando a la vista de cómo se aplican economías de escala adaptadas a la demografía de las ciudades.
En España el 79,6% de la población vive en zonas urbanas, y se espera que en 2025 sea el 81,7%
En la práctica, la calidad de vida en zonas rurales o en la periferia de las ciudades es mejor que la calidad de vida en la ciudad, siempre y cuando la elección de una vida rural no suponga renunciar a servicios y tecnologías propias de nuestro tiempo, y en especial a aquellos servicios y tecnologías relacionados con un estilo de vida ‘smart’.
En última instancia, dimensionar servicios y productos para las zonas urbanas exclusivamente, sin tener en cuenta las peculiaridades de las zonas rurales, supone crear condiciones de desigualdad explícitas. Es lo que sucede con una de las patas esenciales de las iniciativas ‘smart’: la conectividad de Internet.
¿Qué es banda ancha?
La definición de banda ancha depende de diferentes factores. En general, se puede decir que se trata de aquel tipo de conexión de Internet que permite acceder a los servicios online con solvencia y sin esperas. A medida que los servicios online se hacen más complejos e implican el uso de contenidos multimedia, la definición de banda ancha debería evolucionar de un modo paralelo. De hecho, el pasado mes de febrero la FCC (Comisión Federal de las Comunicaciones) en EEUU redefinió el concepto de ‘broadband’ aumentando el nivel de exigencia que debe cumplir un operador en cuanto a latencia y velocidades de subida y bajada para poder comercializar sus servicios como banda ancha. De este modo, si no se cuenta con 25 Mbps de bajada y 3 Mbps de subida, no se puede hablar de banda ancha. Con esta recalificación, solo el 15 por ciento de la población estadounidense tendría acceso a banda ancha, lo cual supone un importante incentivo para mejorar la infraestructura de comunicaciones.
Sin embargo, Telefónica, de acuerdo con lo que el personal técnico de la compañía manifestó en un mensaje de twitter como respuesta a la pregunta que se le hizo acerca de la definición de banda ancha, considera que banda ancha es todo lo que supera los 128 Kbps. Se trata de una definición que contradice la clasificación europea dentro de los planes de despliegue de conectividad en la estrategia Europa 2020, año en el que toda la población debería tener acceso a Internet de alta velocidad de al menos 30 Mbps. En una primera fase, la banda ancha ‘básica’ contempla velocidades entre 512 kbps y 4 Mbps.
Acudiendo a servicios que se dedican a medir las velocidades de conexión medias en diferentes países del mundo como Measurement Lab, nos encontramos con resultados que requieren de cierta reflexión. Al tratarse de medias, es arriesgado dejarse llevar por los números solamente. Para quienes tengan conexiones de fibra, pueden parecer cifras bajas, pero un país es mucho más que sus ciudadanos más privilegiados. Las conexiones de fibra óptica y cable desplegadas por Vodafone, Telefónica, Jazztel u Orange alcanzan velocidades de hasta 300 Mbps de bajada y 30 Mbps de subida. Si la velocidad media de las conexiones es de menos de 6 Mbps, significa que hay un número significativo de personas que cuentan con velocidades de acceso inferiores a los valores máximos generando una situación de desigualdad. No es lo mismo que todos tengan 6 Mbps que haya muchos con velocidades por encima de 20 Mbps, y muchos con velocidades por debajo de los 3 Mbps.
Si aislamos a los proveedores de Internet, Telefónica cuenta con velocidades medias inferiores a ONO (ahora Vodafone) o a la propia Vodafone, debido a su extensa red de comunicaciones basadas en par de cobre. Y refleja la situación de millones de españoles que siguen dependiendo de una infraestructura inapropiada para las exigencias de los servicios y las comunicaciones actuales.
La banda ancha no solo se define por la velocidad de bajada. De hecho, para aspectos relacionados con el teletrabajo o las comunicaciones, es casi más importante la velocidad de subida. Si acudimos a los datos de Measurement Labs, tenemos unas diferencias aún más notables, con Telefónica en valores de unos 512 Kbps. Esta situación es incompatible con un adecuado acceso a servicios online. Y en la práctica, la peor parte se la llevan en zonas rurales y la periferia de los núcleos urbanos.
Se trata de circunstancias que afectan a la conectividad de banda ancha fija, pero también suelen acompañar a las tecnologías de comunicaciones móviles de última generación como 4G. De este modo, las opciones de conectividad para zonas fuera de los núcleos urbanos se reducen drásticamente.
Las conexiones 4G ofrecen velocidades de acceso a Internet de subida y bajada e incluso latencia que entran perfectamente dentro de lo esperado para la banda ancha. Siendo realistas, y para nuestro país, tendríamos que hablar de conexiones de banda ancha para velocidades de conexión de al menos 10 Mbps de bajada y 1 Mbps de subida. La decisión de Estados Unidos de establecer los límites de velocidad mínimos para considerar que una conexión es de banda ancha en 25 Mbps de bajada y 3 Mbps de subida es excelente, pero en España, a la vista de las circunstancias de las zonas rurales y el estado de las redes de comunicaciones, es poco realista establecer este baremo, que requeriría una infraestructura mucho más exigente en cuanto a inversiones. Aunque si se pretende cumplir con los objetivos de Europa 2020, habrá que afrontar un importante desembolso en actualizar las redes existentes en un plazo de 4 años, que no es demasiado tiempo.
Informes como el que publica Telefónica todos los años acerca del estado de la Sociedad de la Información no ayudan demasiado a la hora de arrojar luz sobre la realidad de la conectividad en España, ya que los datos obtenidos del INE parten de cuestionarios que no trabajan sobre velocidades reales, sino sobre modalidades comerciales de acceso, por lo que incluso aquellas zonas donde las velocidades reales son bajas, se contabilizan como zonas de banda ancha si tienen ADSL contratado. Quienes estén en disposición de tener que tomar decisiones sobre la adjudicación de presupuestos, si usan este tipo de informes cualitativos para evaluar el estado de la conectividad en una zona dada, posiblemente concluyan que no es necesario ni prioritario dedicar recursos a este capítulo, pero la realidad cuantitativa es muy diferente a la que se refleja en estos informes basados en los datos del INE.
Sin embargo, estudios independientes, como el realizado por la empresa Kelisto, muestran de un modo más realista la situación de nuestro país en cuanto al acceso a la banda ancha. Y están basados en medidas de velocidad reales, valorando KPIs relevantes para la evaluación de la calidad de las redes de comunicaciones.
FOTO: Informe sociedad información
Pie: El Informe sobre la Sociedad de la Información en España es optimista en exceso acerca de las cifras que caracterizan el acceso a Internet en España. Y no refleja las desigualdades entre las zonas rurales (menos de 10.000 habitantes) y las urbanas.
Las economías de escala
La razón para el abandono de las zonas rurales o las periféricas de las ciudades estriba tanto en cuestiones técnicas como de economía de escala. El despliegue FTTH o de cable precisa de obras costosas si no existen canalizaciones adecuadas para ‘tirar’ la fibra. Es preciso instalar cajetines y realizar tareas de empalmes, que solo son interesantes cuando el número de clientes potenciales es elevado. Y en zonas rurales o residenciales no siempre hay un número de clientes potenciales interesante para las compañías.
Por otro lado, muchas de las conexiones ADSL en las zonas rurales o periféricas utilizan la infraestructura usada para la telefonía analógica fija, con pares de cobre tendidos a distancias de la centralita de más de 2 kilómetros. Para voz, esta distancia no es un problema mayor. Y para las velocidades de los primeros tiempos del ADSL tampoco suponían un problema. Pero en la actualidad, distancias de más de 1 Km desde la centralita hasta los domicilios limitan la velocidad máxima que se puede usar sin errores a velocidades de solo unos pocos megas de bajada.
El debate aquí es acerca de la ausencia de una reglamentación que ponga límites a las desigualdades en el capítulo de la conectividad. En su momento se habló mucho de circunstancias como la neutralidad de las redes, entendida como la ausencia de cualquier tipo de prioridad en el acceso a Internet. Con compañías ofreciendo servicios de 300/30 Mbps mientras mantiene modalidades de 3/0,256, ya hay servicios de Internet a los que no se puede acceder, como las comunicaciones multimedia o las herramientas para teletrabajo. Y en la práctica sería un debate interesante aquel que considerase que estas diferencias suponen una violación del principio de neutralidad.
Existe una modalidad de acceso universal a Internet, a la que tienen derecho todos los ciudadanos, con una velocidad de bajada de 1 Mbps. Lo ofrece Telefónica a un precio de 24,08 € al mes con un límite de 5 GB de tráfico de datos mensuales, a partir de los cuales se reduce la velocidad a 128 Kbps, y una cuota inicial de 46,10€ en concepto de alta. En cualquier caso, se trata de una modalidad a la que solo se puede acceder en caso de no tener acceso al par de cobre, según información recibida por el personal de atención al cliente de Telefónica. Y desde luego, 1 Mbps no es precisamente el ideal para el acceso a servicios de Internet, incluyendo los de la administración electrónica a través de tecnologías como el DNIe o certificados digitales, resultando así una propuesta cara y poco práctica.
Las alternativas
Ante este panorama, el escenario de las ‘smart cities’ deja de ser tan halagüeño si a cambio supone dejar en una posición de desigualdad a zonas rurales, tratadas como una anomalía en vez de ser consideradas como una circunstancia vital tan válida como la circunstancia urbana, sujeta a un tratamiento holístico por parte de las administraciones y las empresas. Es decir, antes de invertir en el despliegue de redes de fibra en ciudades, se debería establecer una política de acceso a Internet igualitario para todos los ciudadanos, estén en poblaciones grandes o pequeñas, haciendo un cálculo de retorno de la inversión global, y no parcial.
Ante la pasividad de las compañías de telecomunicaciones tradicionales, reticentes a invertir en la mejora o el despliegue de las redes de alta velocidad adecuadas para ofrecer servicios de banda ancha y convergentes con voz, datos, televisión y servicios de valor añadido, las alternativas pasan por contratar los servicios ofrecidos por compañías especializadas en el despliegue de redes de comunicaciones basadas en tecnologías inalámbricas punto a punto, como WiMax, o las que emplean satélites de comunicaciones.
Se debería establecer una política de acceso a Internet igualitario para todos, en poblaciones grandes o pequeñas
Además de las alternativas comerciales privadas, es interesante investigar si existen otras bajo el paraguas de iniciativas tecnológicas amparadas por fondos europeos o subvenciones de otro tipo. O incluso investigar si es interesante realizar un despliegue de infraestructura como parte de un plan de inversión local o regional con fondos a cargo de los ayuntamientos o las diputaciones.
Aquellos ayuntamientos o empresas que decidan afrontar el problema de la conectividad allí donde no llegan las redes de fibra o cable tienen ante sí un reto interesante que pasa por identificar la oferta de servicios existentes, no sin antes asegurarse de que la cobertura incluye la zona geográfica sobre la que se está trazando el plan de conectividad. También es interesante estudiar la posibilidad de diseñar un proyecto que pueda acogerse a subvenciones por parte de fondos europeos, o tratar de negociar con los operadores de telecomunicaciones a partir de posibles repartos de los costes en infraestructura.
El caso de Asturias
Hacer un estudio detallado para cada región es una labor que cae fuera de los propósitos de este artículo, destinado a llamar la atención sobre la precariedad de las infraestructuras de telecomunicaciones en áreas rurales, impidiendo el acceso en igualdad de condiciones a servicios de Internet. De todos modos, plantearemos un escenario de trabajo hipotético para el caso del Principado de Asturias, pasando por un estudio del estado de las redes de comunicaciones, así como de la oferta de conectividad por parte de las operadoras tradicionales, las propuestas por parte de operadores alternativos, y las ayudas y proyectos a nivel regional dedicados a facilitar el acceso a redes de comunicaciones de banda ancha a la población en situación de precariedad.
Una vez se han seleccionado los correspondientes a Asturias, los datos de velocidad de Measurement Labs (www.measurementlab.net/visualizations) muestran unas velocidades medias altas gracias a la presencia de TeleCable en zonas urbanas. Pero si se toman solo los de Telefónica se tienen cifras inferiores. Para cada ayuntamiento o zona geográfica será interesante hacer mediciones de velocidad reales en los domicilios para crear mapas precisos de cobertura.
Con las comunicaciones móviles sucede lo mismo, con la salvedad de que los mapas de cobertura que las operadoras publican en sus portales de Internet son bastante precisos.
Las propuestas comerciales de Vodafone, Jazztel, Telefónica, Orange o TeleCable son la primera opción para hacer que la población acceda a Internet. Si no es posible mejorar las propuestas disponibles, habrá que buscar alternativas. Tras una primera exploración encontramos que existen tres alternativas posibles:
Un proveedor de servicios de Internet por satélite. La velocidad es de 22 Mbps de bajada y 6 Mbps de subida. Es una velocidad notable, aunque con cierta letra pequeña. El límite de transferencia mensual es de 40 GB combinando subida y bajada. Es una cifra elevada, pero para escenarios de teletrabajo puede ser escaso. En horario nocturno el tráfico no computa, pero son horas en las que generalmente se está durmiendo.
Por otro lado, la latencia es de unos 600 ms. Una cifra muy elevada que en última instancia ralentiza servicios como el juego online, videoconferencia o acceso a páginas web.
No cuenta con televisión, y las llamadas están contempladas parcialmente para llamadas solo a fijos en la modalidad Dúo.
Este proveedor emplea tecnologías inalámbricas de conectividad para llevar, mediante antenas direccionales, el tráfico proveniente de un ‘backbone’ de fibra a las zonas que se quieran conectar con banda ancha. Ofrece diferentes velocidades con precios acordes a las prestaciones contratadas, con una latencia baja y velocidades de subida notables. La telefonía tiene un coste adicional y no cuenta con televisión. Eso sí, hay que asegurarse de que el área que se quiere conectar está dentro de la zona de visibilidad de las antenas punto a punto. Desde la antena receptora, se transmiten las señales inalámbricas a los usuarios usando antenas receptoras en cada domicilio.
Usa tecnologías similares a las de Oxon3 (o viceversa). Pero en este caso, las velocidades que ofrece son bajas, aunque con una tasa de subida de datos significativamente mayor que la ofrecida en las modalidades ADSL precarias. Tampoco cuenta con servicios de televisión.
Conectividad móvil
En algunos casos, las comunicaciones móviles pueden ser la solución. Existen tarifas con hasta 20 GB de datos, como la sinfín de Yoigo (www.yoigo.com/tarifas/tarifas-de-contrato/la-sinfin/) por 29€ al mes con llamadas ilimitadas. Hay que tener en cuenta que en zonas rurales, la cobertura 4G es casi ciencia ficción, por lo que habrá que usarla con velocidades 3G, aunque en general la velocidad será mejor que la de ADSL. Además, para compartir Internet con los ordenadores de casa, habrá que usar el modo de conexión compartida del smartphone o comprar un router para la SIM.
Iniciativas regionales
Investigando un poco más, llegamos a la página del Principado de Asturias dedicada a infraestructuras, donde encontramos dos iniciativas interesantes para cualquier ayuntamiento que quiera afrontar la mejora de sus redes de comunicaciones.
Red AsturCON
Una propuesta interesante que ofrece ayudas para desplegar una red de fibra óptica que, posteriormente, se pueda ofrecer a los proveedores de Internet para que lleven sus servicios a zonas que de otro modo no serían interesantes de cara a una inversión en despliegue de la red.
Programa Extensión de Banda Ancha (PEBA)
Este programa, de carácter nacional, usa fondos europeos para financiar proyectos de despliegue de redes de alta velocidad y muy alta velocidad dentro de la iniciativa Europa 2020. Cada año se convocan programas de ayudas. La convocatoria 2015 sigue en vigor.
Las zonas rurales son una oportunidad para desplegar servicios ‘smart’ como el turismo, el teletrabajo, o el vehículo eléctrico
Conclusiones
La conectividad es esencial para ofrecer soluciones ‘smart’. Pero smart, no es solo ‘smart city’. En un país como España es interesante mantener un equilibrio entre desarrollo de las ciudades y desarrollo de las zonas rurales sin poner a los ciudadanos en la tesitura de tener que elegir la ciudad para tener acceso a todas las oportunidades laborales, sociales o de ocio, que se ofrecen desde Internet. Además, sectores como el inmobiliario o el turismo rural precisan de unas redes de comunicaciones tan solventes como las de las ciudades. Sin hablar de las oportunidades que se derivan del tele trabajo, que solo se entiende con unas redes de comunicaciones de banda ancha propias del siglo XXI.
El reto está en afrontar el despliegue de estas redes desde los propios ayuntamientos y gobiernos regionales a la vista de la desidia que muestran los proveedores de Internet. La oportunidad está en acceder a fondos como los del plan PEBA, o incluso directamente a los europeos a través de ayudas enmarcadas en el plan Europa 2020, que establece que para ese año todos los ciudadanos europeos deberían contar con un mínimo de 30 Mbps de bajada y 3 Mbps de subida.
Para ello es preciso realizar estudios reales sobre el estado de las redes de comunicaciones, basados en medidas de velocidad, y a partir de ahí decidir qué opciones hay y ponerlas en contexto.
Las zonas rurales son una oportunidad para desplegar servicios ‘smart’ como el turismo rural, el teletrabajo, o incluso poner en valor las virtudes del vehículo eléctrico, que encaja perfectamente en el contexto rural, donde los desplazamientos suelen ser regulares a distancias de no más de 120 Km contando ida y vuelta, sin que haya problemas de aparcamiento tan severos como en las zonas urbanas. No sería necesaria en general la carga rápida, y la energía de la batería podría usarse como backup en caso de cortes de luz, más frecuentes en las zonas rurales. No sería necesario disponer de una red de cargadores especialmente densa, y, de cara a su uso, son vehículos más fáciles de conducir y con un mantenimiento menor que el de los coches de combustión, siendo menos contaminantes tanto a nivel de gases como de ruido.
Pero para desplegar el coche eléctrico se necesitan redes de comunicaciones solventes para ofrecer los servicios de gestión, tarificación o soporte adecuados.
Es solo un ejemplo posible entre muchos que hacen que las zonas no urbanas sean tan importantes para el desarrollo de las ‘smart cities’ como las propias ciudades.
Enlaces de Interés
Infraestructuras en el Principado de Asturias
Estudio Kelisto sobre conectividad 2014
Informe sobre la Sociedad de la Información en España 2014
